Parlamentaria presenta propuesta legislativa para el reconocimiento legal de la vigilancia y el monitoreo ambiental realizado por los ciudadanos y los pueblos indígenas así como su articulación al Sistema Nacional de Gestión Ambiental.

Norma que será presentada ante la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del Congreso de la República este lunes, podría ser aprobada antes del inicio de la COP20.

Lunes, 3 de noviembre de 2014. La vigilancia y el monitoreo ambiental es un derecho y el Estado debe garantizarlo, y entender que la participación ciudadana no es una amenaza, sino una oportunidad que le permitirá implementar mejoras y trabajar de la mano (con las poblaciones) por el desarrollo de su comunidad, refirió la congresista Verónika Mendoza, durante la presentación del proyecto de ley para el reconocimiento de la vigilancia y el monitoreo ambiental ciudadano e indígena.

Esta propuesta legislativa que será presentada ante el Congreso de la República para su debate en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos hoy lunes, podría ser aprobada antes del inicio de la COP20, remarcó la parlamentaria durante el foro público: “Institucionalización de la vigilancia y el monitoreo ambiental ciudadano e indígena”, realizado en el Congreso de la República el pasado viernes 31 de octubre.

Durante el evento, que contó con la participación de más de 250 personas, se indicó que la labor de los monitores ambientales es fundamental para evitar la deforestación en la Amazonía, como una acción vital para luchar contra el cambio climático, y para evitar la afectación de las fuentes de agua costeñas, andinas y amazónicas. “El monitor ambiental es un líder en su comunidad, con legitimidad, y forma parte de un proyecto colectivo”, sostuvo la congresista.

En ese sentido, indicó que el proyecto de ley recoge los aportes brindados por miembros de la sociedad civil y representantes de los pueblos indígenas, en el marco de un proceso participativo, que involucró experiencias de vigilancia ciudadana e indígena y la participación de autoridades, empresas y organizaciones de la sociedad civil.

La propuesta normativa promueve el reconocimiento legal de las organizaciones de vigilancia y de monitoreo ambiental y social como una asociación que desarrolla de forma autónoma actividades de vigilancia y monitoreo, que podrá ser conformada por miembros de la sociedad civil como de las poblaciones indígenas. “Este reconocimiento (legal) a su labor no es un favor, sino un derecho ganado a pulso”, enfatizó.

Asimismo, propone la articulación de las acciones y la incorporación de los reportes elaborados por las iniciativas de vigilancia ciudadana y de los pueblos indígenas al Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA), a fin de complementar la actuación del Estado e impulsar su rápida atención ante diversas problemáticas.

Esto permitirá que el Estado, las empresas y diversas instituciones tomen en cuenta los resultados de las evaluaciones comunitarias en la supervisión y fiscalización ambiental así como en la elaboración de los estudios de impacto ambiental y de otros estudios ambientales, lo que no ocurre a la fecha. Asimismo, garantizará el ejercicio efectivo del derecho de participación ciudadana y de los pueblos indígenas en la gestión ambiental. 

Además, la propuesta normativa establece que las organizaciones de vigilancia y monitoreo de la sociedad civil y los pueblos indígenas puedan proponer el establecimiento de zonas de emergencia ambiental y áreas críticas, frente a situaciones en las que el nivel de contaminación al ambiente afecte la salud de las personas.

“Contamos que esta norma, pueda ser aprobada por el pleno de Congreso antes del inicio de la COP20”, explicó. De otro lado, el representante de Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), Lizardo Cauper, remarcó que los monitores indígenas de la Amazonía “queremos que este trabajo (de vigilancia) de los jóvenes sea parte del gobierno peruano por lo que solicitamos que esta iniciativa sea impulsada desde el Congreso”.

De otro lado, Pilar Camero representante de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) señaló que la presencia del Estado en diversas zonas del país es débil, y que ante ello las iniciativas de vigilancia y monitoreo ciudadano e indígena cumplen un rol importante al apoyar la gestión ambiental así como la buena gobernanza.

Sobre el monitoreo ambiental, Walter Pereda de AMAS de Otuzco señaló, "que debe ayudar al Estado, que si no llega en el momento a ejercer su función, por lo menos con el reporte y resultados puede visualizar una realidad que debe verificar y corregir"

Por su parte, tomando el caso de las lecciones aprendidas del proyecto Amazonía Viva en el apoyo a las veeduría forestales, Braulio Buendía, técnico de Traffic-Perú, enfatizó que las comunidades y las iniciativas de veedurías forestales no sólo necesitan de capacitación para la gestión forestal sino también de recursos operativos para realizar el control y vigilancia de los recursos naturales en sus territorios. Añadió, que es un reto lograr su sostenibilidad.

El foro público: “Institucionalización de la vigilancia y el monitoreo ambiental ciudadano e indígena”, fue organizado por el Despacho de la congresista Verónika Mendoza, Broederlijk Delen, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Red Muqui, Amazonia Viva, y Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR).