Las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales de América Latina y el Caribe abajo firmantes deseamos manifestar nuestra gran preocupación y descontento respecto al proceso de revisión de las Políticas de Salvaguardas Ambientales y Sociales del Banco Mundial, así como con el actual borrador de la nueva Política Ambiental y Social y con los Estándares Ambientales y Sociales, que el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF (que hace parte del Grupo del Banco Mundial) ha publicado. A su vez, deseamos resaltar la escasa receptividad que hemos podido apreciar por parte del Banco, sobre los comentarios y sugerencias que hemos enviado respecto a este tema en anteriores oportunidades.  

En lo que refiere al proceso de consulta, el Banco Mundial (BM) realizó una primera fase en Argentina, Perú y Guatemala en 2013, una segunda fase en Paraguay y Brasil en 2014 y en Nicaragua a principios de este año. La última consulta regional de esta segunda fase se realiza en Lima este 4 de febrero. En las reuniones realizadas en la región se contó con la participación de un grupo limitado de organizaciones que no representan a la sociedad civil latinoamericana en su conjunto. Además, las invitaciones se hicieron, en general, con muy poco tiempo de anticipación y sin haber proporcionado a los participantes la información necesaria para una efectiva e informada participación.

Aunado a esto, lo que el Banco Mundial llama consulta, se reduce a simples reuniones informativas cuyos alcances se han quedado cortos, ya que el Banco no ha incorporado efectivamente las recomendaciones y preocupaciones que varias organizaciones le han hecho llegar oportunamente, tanto de manera presencial, como a través de cartas. Todo esto pone en duda la legitimidad del proceso de consultas, y hace imposible calificar de efectiva la participación de la sociedad civil latinoamericana en el actual proceso que lleva adelante el Banco.

En lo que se refiere al contenido de la nueva Política y los nuevos Estándares Ambientales y Sociales que el Banco propone, diferentes organizaciones han enviado oportunamente diversos análisis técnicos que desarrollan de manera detallada las principales propuestas para cada uno de los estándares. Si bien reconocemos que la nueva propuesta presenta algunos avances, los retrocesos y debilidades presentes sobrepasan ampliamente los aspectos positivos. A continuación enunciaremos solamente algunas de nuestras principales preocupaciones, respecto de las cuales seguimos esperando respuestas por parte de los representantes del Banco.

La propuesta del Banco deja abierto el cumplimiento de los estándares, es decir, no define claramente cuándo ni cómo se debe cumplir con lo establecido en la Política. En el marco vigente, un requisito indispensable consiste en evaluar los impactos y riesgos ambientales y sociales de manera previa a la aprobación de un proyecto, así como publicar las evaluaciones antes de la fase de evaluación de proyectos de alto riesgo. El nuevo marco, por el contrario, establece que las evaluaciones ambientales y sociales (EIAS) deben iniciarse “lo más temprano posible”, por lo que de entrada pone en riesgo los procesos de consulta, ya que éstos no pueden realizarse de manera efectiva sin que se cuente con la información completa y detallada acerca de un determinado proyecto.

Asimismo, el marco propuesto tiene un alcance limitado, ya que solamente se aplicará a los préstamos de inversión, lo que deja fuera otros instrumentos financieros, como los préstamos para desarrollo de políticas (o DPLs, por sus siglas en inglés) y el programa para resultados (P4R), entre otros. Esto significa que más del 50% de la cartera del Banco en la región no estará cubierta por estos estándares ambientales y sociales.

Adicionalmente, la nueva propuesta de Política del Banco carece de lenguaje vinculante respecto a los estándares internacionales de derechos humanos y permite a los gobiernos prestatarios “optar” por el cumplimiento de la Política de Pueblos Indígenas para proteger sus derechos. Lo anterior socava el consenso internacional con respecto a los derechos específicos y fundamentales de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios, recursos y el curso de su propio desarrollo. El borrador elimina los requisitos de estudios de referencia para informar sobre la protección del derecho a la tierra, el sustento y la vivienda adecuada. Además, introduce la “compensación de la biodiversidad” en lo que previamente estaba contemplado como hábitats naturales en estado crítico y áreas protegidas en las que no se podían implementar proyectos. Esto es crucial para nuestra región, que cuenta con vastos territorios indígenas y tribales, así como con hábitats naturales en estado crítico.

Por otro lado, la propuesta de Política del Banco traslada la responsabilidad de la aplicación de las salvaguardas a los países prestatarios, sin dejar claro cómo y cuándo se usarán los sistemas de los países prestatarios y sin establecer criterios precisos sobre en qué casos los sistemas de los países no son aceptables. Lo anterior nos preocupa, ya que muchos de nuestros países han debilitado sus marcos normativos, lo que pone en peligro la plena garantía y respeto de los derechos humanos.

Por ejemplo, en Perú, una nueva ley debilita significativamente la autoridad y la capacidad del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA); así como la coordinación intersectorial y control de la calidad de las evaluaciones de impacto ambiental a cargo del recién creado Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE). Por su parte, en México el año pasado se aprobó el primer paquete de regulaciones bajo la reforma energética, las cuales priorizan los hidrocarburos, el gas y la energía sobre cualquier otro uso de la tierra. Estas regulaciones permiten expropiaciones de tierra expeditas, además de potencialmente ignorar las áreas naturales protegidas.

De manera similar, la Ley de Minería de Bolivia permite actividades en áreas protegidas como parques nacionales, además de excluir el derecho al consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas en las actividades de exploración. Asimismo, durante los últimos años las licencias ambientales para proyectos extractivos y de infraestructura en Colombia se han debilitado. Sin las aclaraciones necesarias, el borrador deja al Banco y al prestatario con una menor posibilidad de tener un enfoque de salvaguardas que contribuya a la construcción de la capacidad para la gestión local del riesgo y el respeto de los derechos humanos.

Además, en materia laboral encontramos que la propuesta del Banco es débil con relación a una protección adecuada para trabajadores, ya que sólo protege a trabajadores directamente contratados por el proyecto y excluye a contratistas terciarios y funcionarios públicos encargados en forma indirecta del proyecto; es decir, no protege los derechos laborales fundamentales a lo largo de la cadena de suministro que involucra la ejecución de un proyecto. Por otro lado, sólo se aplicará la libertad sindical en aquellos países donde las leyes nacionales lo establezcan dejando sin protección a trabajadores de los proyectos en aquellos países que carezcan de leyes en materia sindical. En ese sentido, consideramos que el Banco debe hacer mandatorio el cumplimiento de los convenios de la Organización Internacional de Trabajo con referencia a condiciones inseguras de trabajo, trabajo infantil, salarios no pagados y la negación del derecho de asociación y libertad sindical.

El Banco menciona de manera transversal políticas dirigidas a los menos favorecidos o en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, es necesario que el Banco brinde información a detalle sobre cómo implementará políticas incluyentes en función de la edad, género, origen étnico, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, entre otros; ya que estos grupos podrían verse afectados por los impactos del proyecto, o podrìan estar limitados para aprovechar los beneficios que éste genere.

En una región como América Latina, con altos índices de desigualdad, el borrador no incluye requisito alguno que permita asegurar que las comunidades pobres y grupos excluidos no sean afectados negativamente por impactos de proyectos del Banco. El borrador propuesto no sólo va en contra de la misión principal del Banco Mundial sobre erradicar la pobreza extrema y promover una prosperidad compartida, sino que baja el estándar tanto para el propio Banco, como para toda la comunidad internacional. Lo anterior es particularmente preocupante para nuestra región, pues existe una importante competencia para canalizar financiamiento por parte de otras instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina (antes CAF), el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES), bancos chinos y próximamente el Nuevo Banco de Desarrollo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS). En lugar de promover un fortalecimiento de estándares, este borrador estimula que otros bancos multilaterales, instituciones financieras internacionales, bancos nacionales de desarrollo y otras iniciativas, como el Fondo Verde Climático, bajen sus estándares o carezcan de incentivos para fortalecerlos en aras de tener una mayor competitividad. Además de promover que los países de la región debiliten aún más sus marcos ambientales y sociales.

Por todas estas razones, demandamos al Banco que tome en cuenta las propuestas de la sociedad civil y se abstenga de adoptar una Política Ambiental y Social que desmejore los estándares existentes. Sólo así podremos hablar de un desarrollo sustentable para la región.

Lima, Perú, 4 de febrero de 2015

Publicado hoy, 4 de febrero, en el diario La República.