Lima, 05 de enero.- Los pueblos indígenas son los más afectados con la flexibilización de los estándares socio-ambientales del Banco Mundial aseguró el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Henderson Rengifo.  

“La nueva política de salvaguardas permite al banco, por ejemplo, financiar proyectos que permitan el desplazamiento físico y económico de las comunidades, sin asegurar su adecuada compensación y reasentamiento”, explicó.

A ello se suma que el documento concede a los gobiernos que reciban préstamos del banco “optar” por el cumplimiento de políticas en favor de los pueblos indígenas para proteger sus derechos. “En el caso del gobierno peruano es un grave riesgo porque no garantiza el pleno respeto a nuestro derechos”, lamentó.

En ese sentido pidió al Banco Mundial elaborar un nuevo documento que “mantenga los avances logrados en materia de medio ambiente y de derechos humanos”. Asimismo, demandó la creación de una corriente nacional e internacional de rechazó a la actual política de salvaguardas del Banco Mundial.

Similar fue la opinión del representante del Pacto de Unidad de las Organizaciones Nacionales Indígenas, Antolín Huascar, quien mostró su preocupación por que la institución financiera establezca que las evaluaciones ambientales (EIA) de los proyectos que financia deben iniciarse sin establecerse un tiempo preciso de evaluación poniéndose en riesgo los procesos de consulta previa.

“Esta situación es un abuso, por tal razón no solidarizamos son nuestros hermanos para alzar nuestra voz de protesta y solicitar el cambio de las políticas propuestas”, indicó.

No se espera avances con el borrador de la nueva política del Banco Mundial

El representante de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), Gonzalo Roza precisó que el Banco Mundial cuenta con altos estándares ambientales y sociales, en relación con otras instituciones financieras, los cuales son exigidos a países y empresas para financiar grandes proyectos de infraestructura, que actualmente sirven de ejemplo.

“Ahora están en riesgo de aprobarse el borrador de la nueva políticas de salvaguardas”, advirtió. Entre las principales debilidades que refiere, está el hecho de que el nuevo marco ya no exige la existencia de un panel de expertos independientes para analizar la puesta en marcha de los proyectos en caso de operaciones de alto riesgo.

Asimismo, dijo que el borrador plantea una cláusula de exclusión que cede a las empresas y Estados que reciban préstamos del banco optar por no implementar las políticas en defensa de los derechos de los pueblos indígenas, pudiéndose ocasionar conflictos sociales. En ese sentido, opinó que no se espera avances en materia ambiental y social con esta nueva propuesta.

Similar fueron los puntos de vista de Paulina Deschamps del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS); de María Marta Di Paola de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina y de Mario Paniagua de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB). 

Este último agregó que le preocupa la generación de conflictos sociales en varios países de la región, en especial en Perú y Bolivia, ante la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas y la omisión a la consulta previa e informada a los pueblos. “El Banco Mundial no es una isla, y está en la obligación de cumplir con los convenios internacionales”, subrayó.

Estas declaraciones se realizaron durante el evento público sobre los Impactos de la Revisión de Salvaguardas del Banco Mundial en América Latina, organizado por la Coalición Regional por la Transparencia y la Participación, el Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura, ANC, LATINDADD, AIDESEP, Red Muqui, IBC, SDSP, SODIS, entre otras organizaciones. 

Con el ruego de su difusión