El proyecto Mejoras a la seguridad energética del país y desarrollo del Gasoducto Sur Peruano (GSP), uno de los emblemas del Gobierno, responde a una histórica y legítima demanda del sur peruano que con 10 años de explotación del gas de Camisea aún no cuenta con gas barato. Para el gobierno central, el GSP permitirá incrementar las arcas del Estado a partir de la distribución y posible exportación de hidrocarburos. 

Sin embargo, la implementación de este proyecto plantea la necesidad de no repetir errores, ni esquemas que engrosan datos macroeconómicos, pero donde la población local protagoniza descontentos y conflictos sociales. Como señaló el Ministro del Ambiente recientemente, se debe reforzar y ampliar la participación en el monitoreo del proyecto, y restituir el Grupo Técnico de Coordinación Interinstitucional (GTCI) que hizo seguimiento a Camisea.

Urge que el GSP se enmarque en un Plan de Desarrollo Integral, inexistente en la provincia de la Convención y la cuenca del Urubamba (Cusco). Además, requiere herramientas de gestión que incluyan la participación de población local, estrategias de mitigación con horizontes de desarrollo donde los proyectos sean una parte más del esquema y no el fin en sí mismo. Sin esta mirada integral, se generan escenarios de desigualdad como en la cuenca del Urubamba, donde a pesar del canon y regalías del gas (más un Estado ausente) aún presenta índices de desnutrición infantil de 70% según el MINSA.

Necesitamos también que los procesos de participación ciudadana sobre todo con pueblos indígenas no continúen reduciéndose a la metodología de talleres informativos y audiencias públicas. La información no llega de manera clara a la población y no garantiza el pleno entendimiento de contenidos e implicancias de un proyecto. Por ello, es urgente que el Estado diseñe herramientas metodológicas interculturales participativas que evidencien niveles de entendimiento de los contenidos de un proyecto.

El GSP es la oportunidad para incluir estas herramientas, con respeto al medio ambiente y a los derechos de los pueblos indígenas. Esperemos que el Gobierno nacional y las gobernaciones del sur, asuman el desafío de no repetir errores del pasado.

Columna publicada en Diario UNO.