• Ayer fue la audiencia de exposición de motivos en INDECOPI quien dará su decisión final ante el proceso presentado por Minera Pampa de Cobre, Minera Vichaycocha, Minera Caudalosa y Minera Corona para no pagar aporte por regulación, en los próximos días. 

• Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) y organizaciones de la sociedad civil defienden aporte y piden no ignorar base legal de impuesto.

Lima, 15 de abril de 2014.- Henry Carhuatocto, presidente del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo del Sostenible (IDLADS), señaló que existe presión gremial para no asumir los costos por los daños que puedan ocasionan las actividades ambientalmente peligrosas que realizan, a pesar de ser un principio consagrado en la Ley General del Ambiente. 

“Hasta el momento nuestra institución ha registrado 4 acciones presentadas ante INDECOPI, 16 acciones de amparo ante el Poder Judicial y 1 acción popular interpuesta por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), lo que suman 21 empresas que individualmente no quieren pagar el tributo”, indicó Carhuatocto.

Del mismo modo, precisó que actualmente INDECOPI ha concedido una medida cautelar para dejar sin efecto el Aporte por Regulación minera ante la OEFA a favor la Sociedad Minera Corona S. A. C., siendo esto un precedente para la decisión que la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del INDECOPI dará en los próximos días, luego de escuchar ayer los argumentos del OEFA y de los representantes de las empresas demandantes.

SOBRE LOS PROCESOS EN INDECOPI

El presidente de IDLADS informó que los procesos administrativo interpuestos a INDECOPI por un cuatro empresas mineras para no pagar el Aporte por Regulación (APR) es irregular, puesto que atenta contra artículo 60 de la ley de procedimientos administrativos (Ley N° 27444).

“Cuando en el Poder Judicial, un juez decide que algo es constitucional, la autoridad administrativa está impedida de resolver al respecto”, sostuvo Carhuatocto.

Estas declaraciones se dieron durante la conferencia de prensa realizada DAR, CooperAcción, IDLADS y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, donde expresaron su preocupación por el destino de la fiscalización ambiental minera que hoy decide INDECOPI, y solicitaron el no debilitamiento de las instituciones ambientales del país.

DATOS:

80% del APR financia actividades de fiscalización y vigilancia ambiental en el minería para el 2015:

-  730 supervisiones.

-  5 planes integrales de evaluación ambiental a implementarse.

-  8 monitoreos participativos, entre otros.

Cerca de 50 organizaciones de la sociedad civil respaldaron Aporte por Regulación de la OEFA, congresista Verónika Mendoza también se adhirió al pronunciamiento.

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