El 7 de abril, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología aprobó el predictamen del P. L. N° 3941 “Ley de promoción de las inversiones para el crecimiento económico y desarrollo sostenible” (cuarto paquetazo), a pesar de contar con el rechazo de las organizaciones indígenas del Pacto de Unidad y AIDESEP debido a los impactos que esas medidas van a generar en sus territorios, porque no han sido incluidos en la discusión de esta norma ni considerada su posición en el Congreso, vulnerándose su derecho a la participación y al acceso a la información. 

Si bien el P.L., que será debatido en el Congreso, contiene ciertas medidas que favorecerían la implementación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), al mismo tiempo propone la “integración temporal de permisos”, ello implica que durante el tiempo que demore la implementación del SENACE, esta certificación podrá realizarla la autoridad ambiental sectorial competente, lo que desnaturaliza el fortalecimiento del SENACE y generaría vicios pues las entidades no se encuentran capacitadas para ello.

En lo referido a servidumbres, derecho de vía y expropiación de bienes e inmuebles para proyectos de infraestructura, las medidas pondrían en riesgo las tierras y territorios de los pueblos indígenas, así como a las comunidades nativas y campesinas en proceso de reconocimiento y/o titulación. Por ello, es urgente la culminación del saneamiento físico legal territorial, la implementación de una base de datos georreferenciada compartida y centralizada de los territorios indígenas, comunidades nativas y campesinas en proceso de reconocimiento y/o titulación, entre otros.

Es necesario que la aprobación de este tipo de P. L. aseguren un debate público, amplio y transparente, con canales accesibles de información y participación con los ciudadanos, sobre todo con los pueblos indígenas al verse afectados por tales medidas.

El Gobierno tiene que erradicar el “secretismo” y estas prácticas de aprobación de los llamados “paquetazos” para agilizar los proyectos de inversión a costa del respeto de los derechos fundamentales.

Publicado en Diario UNO.