Actualmente, están pendientes varios procesos que implican una serie de preocupaciones por el resultado que traerán a la institucionalidad ambiental y a los derechos de los pueblos indígenas. 

Luego de la Audiencia Pública realizada en INDECOPI –donde 4 empresas mineras sustentaron su posición en contra al pago del Aporte por Regulación (APR) que financia la fiscalización minera– queda pendiente cuál será su decisión, la cual de no ser favorable al OEFA implicará el fin de la fiscalización ambiental minera del país. Varias instituciones se han pronunciado sobre este tema, el propio MEF a través del Oficio N° 021-2015-EF/50.04 (09/04/15) señaló que la 48° Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 29951 no establece una transferencia financiera del OSINERGMIN hacia el OEFA (posición de los demandantes), sino que el APR es un recurso directamente recaudado de las empresas mineras por el OEFA. A pesar de estas opiniones, el proceso sigue su curso y el OEFA, representado por el Ministro del Ambiente, ha tenido que defenderse ante un gremio empresarial cada día más obtuso y capaz de ir en contra de las decisiones del Estado a favor de los ciudadanos.

Aún está pendiente el debate en el Pleno del Congreso del Proyecto de Ley N° 3941, a pesar de la oposición de los pueblos indígenas amazónicos y andinos por el riesgo hacia sus territorios, así como por la poca confianza a los estudios de impacto ambiental. La Defensoría del Pueblo ha pedido que se excluya a los pueblos indígenas del PL, teniendo en cuenta la gran dificultad que tienen para probar la posesión de sus territorios, solicitando se creen procedimientos y plazos razonables acorde con las comunidades, con esto queda claro que los temas de fondo no han sido abordados en el PL, por lo que no debería aprobarse.

De lo expuesto, lo preocupante es que el Gobierno avanza sin dar confianza a sus ciudadanos ni fortaleciendo los canales de comunicación para solucionar controversias en torno a cómo las inversiones pueden darse de manera sostenible, el Gobierno debe apostar por cambios y evitar de esta manera conflictos como los de Tía María en Arequipa, si el Gobierno quiere ser escuchado tiene que aprender a escuchar.