Lima, 16 de octubre de 2015.- “El modelo primario-exportador basado en commodities se estrella sistemáticamente con la capacidad de la población en ejercer plenamente sus derechos”. Tal es el caso del derecho a decidir sobre el territorio de las comunidades impactadas por proyectos extractivos, sostuvo Carlos Monge, director regional del Instituto para la Gobernanza de los Recursos Naturales, durante la mesa denominada “Transparencia y participación como salvaguardas al modelo económico extractivista en crisis avalado por el Banco Mundial”. 

En ese sentido, Vanessa Torres, representante de la Asociación Ambiente y Sociedad (AAS) de Colombia, indicó que el acceso a la información, la transparencia y la participación son fundamentales para que haya una real protección de los derechos humanos de las comunidades impactadas por los proyectos financiados instituciones financieras internacionales (IFIS) como el Banco Mundial (BM).

Para Carlos Monge, la idea de que un país puede superar la pobreza y la desigualdad sobre la base de un “boom” o de un momento excepcional de ingreso público a partir de los commodities, es siempre una ilusión, porque esos procesos no son sostenibles por naturaleza, “dependen de los precios del mercado. Se cayeron los precios, se frenó el crecimiento”.

Igual opinión tuvo Epifanio Baca del Grupo Propuesta Ciudadana, quien agregó que la caída de los precios de los minerales era algo claro desde 2012 y fue hace 6 meses que el Ejecutivo lo ha aceptado. Además, recomendó tomar en cuenta lo señalado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre buscar alternativas para reestructurar nuestra economía, “tenemos que empezar a gestionar otros motores de crecimiento, no solo el extractivo”.

TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN SON SALVAGUARDAS

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el crecimiento de nuestra economía sería de 2.4% este año y 3.3% en 2016. Dicha proyección –calificada por el Ejecutivo como pesimista– incentivaría la necesidad de apostar más por inversiones en el sector extractivo, algunas de ellas financiadas por organismos como el Banco Mundial (BM). Todo esto se desarrollaría en medio de un clima de flexibilización de salvaguardas de las instituciones financieras internacionales (IFIS) y políticas socio-ambientales nacionales.

Frente a ello, la transparencia y la participación ciudadana se convierten en instrumentos de vigilancia para monitorear los proyectos de inversión, en la medida que si las instituciones financieras prestan dinero a proyectos nacionales que nos impactan socio-ambientalmente, debemos conocer cuáles fueron sus condiciones.

Sobre los cambios normativos de los últimos años, conocidos como “paquetazos” (D.S. N° 054-2013-PCM, D.S. N° 060-2013-PCM, Ley N° 30230, Ley N° 30237), Aída Gamboa de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) señaló que estos debieron incluir procesos de transparencia, acceso a la información y participación de actores adecuados (pre-publicidad de las normas). A fin de que no se generen conflictos, como el que viene ocurriendo en Arequipa por el caso Las Bambas, debido a la modificación del Estudio de Impacto Ambiental a través de Informes Técnicos Sustentatorios (figura implementada desde los paquetazos que no conlleva la participación ciudadana).

Las exposiciones integraron una de las mesas de debate del evento alternativo “Desmintiendo el Milagro Peruano”, el pasado 8 de octubre, en el Gran Hotel Bolívar del Cercado de Lima. El mencionado Foro social se realizó en el marco de las reuniones anuales del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) y contó con la asistencia de organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional, organizaciones y colectivos sociales, y público en general.

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