Desde las primeras reuniones estratégicas, que se iniciaron en París el día sábado 28 de noviembre, la sociedad civil supo que la tensión se concentraría en encontrar aquellos puntos en los que no iba a retroceder. Aunque nunca se hizo explícito, el riesgo era evidente: Presionar demasiado para lograr que artículos específicos se redactaran exactamente según sus demandas traía consigo el riesgo de dar oportunidad a los países difíciles de patear el tablero y entrampar las negociaciones. Con exactamente 14 días para alcanzar un consenso entre 197 naciones, los riesgos de irnos de París sin acuerdo eran muy reales; así que la solución fue priorizar el logro de mecanismos de seguimiento, transparencia y rendición de cuentas. Por esta razón, un reconocimiento explícito y extensivo de los derechos humanos se volvió no negociable, debido a que es una categoría del derecho internacional que cuenta con el peso jurídico vinculante necesario y cortes internacionales a las que se puede demandar su no cumplimiento.  

La otra gran herramienta a la que apuntaron los esfuerzos durante las negociaciones fueron las Contribuciones Previstas y Determinadas a nivel Nacional (INDC). Era bien sabido que las INDC con las que llegamos a la COP21 nos conducen a 55Gt de emisiones para el 2030, mucho más que los 40Gt necesarios para permanecer por debajo de los 2°C. El nuevo acuerdo establece que las INDC deben representar una progresión de la ambición en el tiempo; además el Panel Intergubernamental contra el Cambio Climático (IPCC), por mandato de la Convención, preparará un informe especial durante el 2016 sobre las opciones de reducción de gases de efecto invernadero (GEI). Asimismo, se establecerá un Grupo de Trabajo especial sobre el Acuerdo de París para desarrollar la orientación sobre las características de las INDC y se establecerán ciclos de cinco años para la revisión del nivel de avance en torno a las contribuciones de cada una de las partes. Se acordó también que el 2018 se realizará un primer inventario global con el objetivo de tener un mecanismo para aumentar la ambición de las contribuciones progresivamente.

En términos del financiamiento para lograr lo anterior, el Acuerdo de París no representa ningún avance respecto a los mecanismos ni fondos adicionales de financiamiento que ya teníamos; sin embargo, se hace referencia a que la provisión de recursos financieros tiene que escalar con el tiempo y mantener un equilibrio entre los enfoques de mitigación y adaptación. La base de los 100 mil millones de dólares anuales se mantiene; por el contrario, términos como “nuevo, previsible y adicional” no llegaron al texto final. Por este motivo, la naturaleza de los recursos financieros aún no está clara. Asimismo, antes del 2020, se decidirá un nuevo objetivo cuantificable de financiación, siempre tomando como base los 100 mil millones de dólares.

Pérdidas y daños (Lost & Damage) fue otra de las grandes batallas de la sociedad civil, transversal a todas las negociaciones, que finalmente quedó como un elemento independiente en el Acuerdo. Si bien se ha dispuesto mantener el Mecanismo Internacional de Varsovia para las Pérdidas y Daños relacionados con las Repercusiones del Cambio Climático y que funcione bajo la autoridad y orientación de la Convención, no se hace mención alguna a las responsabilidades ni compensaciones, dejando el concepto de justicia climática relegado. En su lugar, el acuerdo plantea sistemas de alerta temprana y preparación para emergencias destinados a minimizar y evitar el daño. A pesar de ello, creemos que el paso más importante que se ha dado en este punto es, como ya se mencionó, plantearlo como un elemento independiente, con un artículo exclusivo y diferente del enfoque de adaptación.

Con respecto a la transparencia y rendición de cuentas, los países desarrollados deberán hacer una comunicación bienal (información cuantitativa y cualitativa, incluyendo, si es posible, los niveles proyectados de recursos financieros públicos que proporcionarán), mientras que para los países en desarrollo el financiamiento es voluntario. Estas disposiciones no son nuevas y recogen decisiones adoptadas en conferencias anteriores; sin embargo, son incluidas por primera vez en un documento vinculante. Así, países como China en India realizarán contribuciones financieras de forma voluntaria.

Aunque hubo un consenso en que las INDC no son una herramienta perfecta, al ser voluntarias y no ofrecer claridad para hacer una comparación objetiva entre los avances de cada país, era algo con lo que muchas de las organizaciones presentes en la COP21 se habían involucrado con propuestas de seguimiento y participación y contaban con algo de terreno ganado. Finalmente se decidió apostar por mantenerlas en el acuerdo y promover su fortalecimiento. 

Un impulso adicional importantísimo fue la aparición del Foro de Vulnerabilidad Climática, liderado por Filipinas y Tuvalú quienes lograron volver a posicionar la meta de los 1.5 C° entre los pasillos de Le Bourget. La respuesta fue inmediata a través de la campaña #1.5tostayalive a la que se sumaron todas las organizaciones de la sociedad civil casi sin excepción, logrando que muchas delegaciones, incluyendo la peruana, firmaran compromisos públicos para pelear por contribuciones que nos mantengan por debajo de los 1.5 C°. Creatividad, gran capacidad para compartir información entre países y una combinación de activismo en las calles y advocacy en los cafés y pasillos de la COP21 fueron factores claves para llegar donde estamos ahora: Un acuerdo vinculante, con batallas perdidas, es cierto, pero con un documento global que queda como una hoja de ruta y una meta que nos toca proteger, con oportunidades interesantes para seguir batallando.

Perú en la COP21

Desde antes de iniciar la conferencia de las partes, en la instalación del Grupo de Trabajo Especial sobre la Plataforma de Durban para la Acción Mejorada (ADP, por sus siglas en inglés), se destacó el liderazgo asumido por el Perú para lograr el acuerdo que tenemos ahora. El video de la última plenaria donde las diversas delegaciones reconocen públicamente la labor de la delegación peruana se ha difundido ampliamente. El Perú cumplió un rol de facilitador con una estrategia de diplomacia para acercar al G77 (de las economías emergentes) con los países del “grupo Umbrella” (que agrupa a las economías más desarrolladas). Ya en los últimos días de negociación, Perú, junto a Chile, Costa Rica, Filipinas y México decidieron salir con una actitud más directa, para abogar por la importancia de la inclusión de los derechos humanos y en especial por una mención explícita de los derechos de los pueblos indígenas. Por su parte, el equipo de negociadores peruanos se esforzó en particular para que se refleje la importancia de equilibrar el financiamiento para fines de adaptación con lo destinado para mitigación; y asegurar que la importancia de la gestión sostenible de los bosques quede descrita en el texto final con mecanismos que vayan más allá de lo que ofrece REDD+. Por último, es importante destacar que Perú fue uno de los países firmantes de la declaración mundial para eliminar los subsidios de los combustibles fósiles.

Por supuesto, este liderazgo ahora trae consigo responsabilidades y retos que cumplir. El Perú ha recibido en compromiso, según un reciente estudio realizado por DAR, aproximadamente $ 600 millones de dólares provenientes de cooperación internacional, entre los que destacaría el Acuerdo con Noruega y Alemania para reducir las emisiones de GEI provenientes de la deforestación. Con la notoriedad ganada por el buen trabajo realizado en las COP20 y COP21, es fácil suponer que llegará más dinero de cooperación climática, principalmente para conservar nuestros bosques ¿Estamos preparados para ejecutar todo este nuevos recursos de manera coherente y bajo una estrategia multisectorial, que comprometa a los gobiernos regionales y municipales del país? El reto es inmenso, si tomamos en cuenta solo algunas de las condiciones habilitantes que exige el Gobierno de Noruega para seguir haciendo los desembolsos prometidos.

Existe una preocupación legítima sobre el riesgo de que se invierta un porcentaje excesivo de este dinero en gasto corriente (como consultorías y talleres) y lleguen menos recursos financieros directamente al bosque. Nuevos acuerdos de cooperación técnica y financiera con Japón, con el Fondo Mundial para el Ambiente y más de una decena de otras fuentes de financiamiento serán presentados en los próximos meses. Ante este panorama queda pendiente definir los mecanismos de participación que tendremos disponibles para mantenernos al tanto y no repetir errores.

Es claro que esta situación no solo existe en el Perú. El Ministro Pulgar Vidal anunció en conferencia de prensa, al regresar de París, que los países de la Alianza del Pacífico ( recordemos que México, Chile y Perú estuvieron en el grupo de los “campeones de los derechos humanos”) están ya coordinando la constitución de la “Plataforma para la Economía Verde”. Excelente iniciativa que evidencia que estos Estados han entendido que invertir en combatir el cambio climático se ha convertido en una nueva forma de atraer recursos financieros a sus economías, pero los cierto es que los marcos institucionales y las herramientas de gestión disponibles son todavía débiles y no se presentan cambios notorios en el corto plazo, sobre todo si hablamos de Perú, ad portas de una nueva elección presidencial que pone en riesgo lo avanzado en política ambiental.

Es fundamental entender que el cambio climático sigue siendo un asunto nuevo para las organizaciones sociales de América Latina, incluyendo a los pueblos indígenas, quienes ahora se ven obligados a empezar a estudiar a detalle la importancia del pixelaje de las imágenes satelitales, el modelamiento de servicios ecosistémicos, entre varios otros temas en pro de contribuir a mantener sus derechos y sus bosques en pie. Debemos estar seguros de que las entidades competentes van a priorizar la construcción de espacios de participación y transparencia para que el financiamiento climático no se convierta en un nuevo driver, no de deforestación, sino de conflictividad social o peor aún, de un nuevo modus vivendi ambiental con grandes sueldos, pero con pocos resultados. Por su parte, la sociedad civil de Latinoamérica debe encontrar estrategias de incidencia que permitan hacer un análisis comparativo objetivo de los logros de cada uno de nuestros países en materia ambiental, en especial en materia de adaptación. Es momento de celebración, pero también de reflexionar cómo vamos a lograrlo.