Lima, 13 de abril de 2016.- Con el fin de mejorar el uso y aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales, enfrentar las amenazas asociadas al cambio climático y fortalecer la institucionalidad ambiental (entre otros aspectos), la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza presentó el Acuerdo de Gobernabilidad para el Desarrollo Integral del Perú 2016-2021, que incluyó el tema socio-ambiental como parte de los resultados y políticas a concretarse en el próximo quinquenio. 

Además, contiene una propuesta de “Matriz de Indicadores para el Seguimiento Concertado” a las políticas y resultados del acuerdo 2016-2021, los cuales han sido seleccionados en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y la información actualmente disponible.

Sobre los recursos energéticos renovables (RER), se propone su amento en la matriz energética peruana, así como el desarrollo de energías renovables no convencionales y tecnologías limpias apropiadas para el manejo sostenible de los recursos naturales. Todo ello en el marco de una Estrategia Verde aprobada por Minam e implementada por el Minem, con la participación de diversos actores sociales.

Al año 2013, la producción de los RER fue de 2 % no cumpliendo la meta señalada en el Decreto Legislativo N°1002, la cual era llegar al 5 % ese año. Asimismo, el acuerdo propone aumentar los espacios de coordinación del Estado con sector privado y sociedad civil para promover el uso y hacer seguimiento a las políticas públicas sobre RER.

MÁS TEMAS SOCIO-AMBIENTALES

Para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), se plantea el incremento en el presupuesto del Servicio Nacional de Certificaciones para las Inversiones Sostenibles (Senace). Así como la elaboración de una directiva que regule la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE).

Asimismo, el acuerdo toma en cuenta a los pueblos indígenas como parte del proceso de mejora de la gestión ambiental, a través de la implementación de mecanismos de Consulta Previa en la toma de decisiones sobre sus derechos territoriales y otros que inciden sobre sus condiciones de vida, y acciones de protección a pueblos en situación de aislamiento y contacto inicial (Piaci). De igual modo, introduce a la vigilancia indígena como elemento para fortalecer y optimizar la fiscalización ambiental del país.

La transparencia para la gobernanza y participación ambiental ciudadana son otros elementos clave de cara 2021. El acuerdo compromete al próximo gobierno a incrementar el número de oficinas de transparencia y acceso a la información pública, la creación de una Autoridad Nacional para la Transparencia y mejores capacidades para los funcionarios públicos en esta materia.

El acuerdo está orientado a lograr una vida digna para los peruanos y peruanas mediante el desarrollo integral, la igualdad de oportunidades y la mejora de condiciones de vida de la población a través de medidas en los ámbitos económico, social, ambiental e institucional.

Participaron en su elaboración organizaciones de diversos estamentos de la sociedad civil –entre ellos Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)–, del sector privado, académico, profesional y de la cooperación internacional. También incluyó los aportes de funcionarios del sector público nacional, regional y municipal, así como de quienes representan y lideran los partidos políticos y alianzas participantes en el proceso electoral 2016.

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