El Perú posee 69 millones de hectáreas de bosques húmedos amazónicos equivalentes a casi la mitad del territorio del país y constituyen la segunda reserva de carbono más extensa de Sudamérica. Sin embargo, dicha superficie de bosques disminuye a un ritmo promedio de 113 mil hectáreas por año.  

El problema aquí es similar al de muchos otros sectores productivos. Una concepción del siglo pasado que imaginaba nuestros recursos forestales como despensas inagotables, en tiempos en los que nuestras únicas preocupaciones eran económicas y no climáticas, nos ha dejado como herencia una maraña de más de 160 normas -algunas de ellas emitidas hace 50 años- cuya aplicación complica el proceso de titulación de tierras en la Amazonía. Varias de estas normas se dieron en un tiempo muy distinto al actual, en el que la Amazonía era vista como terreno extenso apropiado para una masiva expansión agropecuaria sin considerar el valor de los recursos forestales.

Bajo esta normativa, las actividades que se pueden desarrollar en un área con cobertura boscosa están en función únicamente a las posibilidades de aprovechamiento económico, o capacidad de uso, de esa tierra sin considerar criterios ambientales y olvidando los múltiples beneficios que nos brindan los bosques como reguladores del clima, protectores de biodiversidad, su papel en la provisión de agua, su capacidad de impedir que vectores de epidemias se expandan, entre otros.

¿Qué sucede, por ejemplo, con un bosque que está sobre una tierra definida como agropecuaria? La autoridad forestal permite al interesado la eliminación de hasta un 70% de su cobertura boscosa. La situación se vuelve más crítica en casos en los que las tierras forestales que no son consideradas agropecuarias, son modificadas utilizando abonos u otras tecnologías para convertirse artificialmente en tierras aptas para este fin.

Sumado a este desorden normativo, las funciones poco claras entre las autoridades competentes, la escasa valoración económica del recurso forestal, aunada a los intereses crecientes por impulsar actividades agrícolas en Amazonía (palma aceitera, cacao, café y otros) facilitan el ingreso de grupos económicos que podrían aprovechar los vacíos legales existentes para expandir sus plantaciones, reduciendo los bosques y generando conflictos socioambientales con las poblaciones locales que ven amenazada la sostenibilidad de los bosques que se han esforzado en conservar desde hace cientos de años.

Como consecuencia, se están generando modificaciones importantes en el paisaje amazónico: los bosques se van fragmentando, ocasionando efectos negativos tan graves como la extinción de especies y el incremento en la incidencia de incendios forestales. Nuevas amenazas que debemos abordar con un criterio de desarrollo económico sostenible, acorde con los desafíos que nos trae el cambio climático. Sin duda, ordenar este complejo marco normativo e institucional es una tarea tan compleja como urgente.

Es cierto que el Gobierno Peruano ha trabajado en mejorar sus marcos institucionales, ha aumentado el financiamiento público y ha obtenido importantes fondos de la cooperación internacional con el objetivo de mejorar su capacidad de gestión y reducir así las tasas de deforestación.

Hasta el año 2015 el Perú ha logrado comprometer mediante acuerdos bilaterales y multilaterales fondos para bosques y cambio climático que en conjunto ascienden a US$ 613 millones. El 72% de dicho financiamiento son donaciones y destacan los fondos que provendrían del gobierno de Noruega, que ascienden a US$ 300 millones. Del mismo modo, tras un análisis del presupuesto público, se encontró que se ha cuadruplicado el gasto en estos rubros entre los años 2012 y 2015, llegando a los US$ 143 millones aproximadamente al final del periodo. 

Por supuesto que la llegada de estos nuevos recursos representan un avance importante en la lucha contra la deforestación. El desafío actual es que estos fondos ayuden a solucionar los problemas de fondo. Empezando por reordenar la normatividad relativa a la titulación de predios en la Amazonía y demilitar con claridad las funciones y responsabilidades entre las diferentes entidades  del Gobierno Nacional y  de los Gobiernos Regionales.

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