Desde 2012, la creación de una Autoridad Nacional para la Transparencia y el Acceso a la Información fue la principal demanda de sociedad civil al aprobarse el Plan de Acción 2012-2014 (R. M. N° 085-2012-PCM) que implementó la Alianza de Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés) en Perú. El OGP lo integran 64 países, de los cuales diecisiete son de América Latina, y tiene como objetivo promover la transparencia, luchar contra la corrupción, ampliar la participación social y lograr un gobierno abierto, eficaz y responsable en el manejo del presupuesto y la información pública. 

Con la conformación de la Comisión Multisectorial que implementaría el Plan de Acción de Gobierno Abierto (D. S. N° 003-2013-PCM), se logró una versión consensuada de un proyecto de ley para crear dicho ente rector. El proyecto recogió los aportes de sociedad civil, la propuesta inicial de la Defensoría del Pueblo y de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM).

El objetivo era garantizar la entrega oportuna de la información pública al ciudadano. Según la Defensoría del Pueblo la demora excesiva en la entrega de información pública, la vulneración reiterada a las normas de transparencia y el acceso a la información pública, a través de la negativa en la entrega de dicha información, son prácticas comunes en los organismos públicos. A pesar del esfuerzo logrado, el proyecto quedó paralizado y la Comisión Multisectorial de Gobierno Abierto dejó de sesionar a inicios de 2014.

El 17 de julio de 2015, el Gobierno aprobó el Plan de Gobierno Abierto 2015-2016 (R. M. N° 176-2015-PCM). 

Documento que no contó con la participación y validación de la sociedad civil, principal interesada en la transparencia pública. Asimismo, se eliminó su principal demanda: la Autoridad para la Transparencia. 

Además, en el Plan se asignaron responsabilidades a las organizaciones de sociedad civil, quienes ya no formaban de la Comisión Multisectorial desde diciembre de 2014, ante la casi nula voluntad del Gobierno para impulsar el proyecto de ley consensuado (hecho advertido en diversos comunicados de sociedad civil durante 2015).

El Gobierno no ha mostrado interés en volver a discutir con la sociedad civil este punto y ha seguido realizando algunas actividades de su plan de acción. Para la última semana de abril, convocó a una sesión de la Comisión Multisectorial, pese a que la sociedad civil ya no participa en ella. Además, designó representantes titulares y alternos de la PCM ante la misma, a través de la R. M. Nº 088-2016-PCM de fecha 29 de abril, publicada el 5 de mayo.

Por un real Gobierno Abierto

Uno de los principales pilares para el funcionamiento del Gobierno Abierto es la participación del sector privado, sociedad civil y gobierno, sin uno de estos actores la iniciativa no puede funcionar. Aun así, el Gobierno espera se continúe con la implementación del Plan de Acción de Gobierno Abierto 2015-2016, sin contar con la participación de sociedad civil.

No obstante, hay luces para la creación de esta autoridad autónoma, el pasado 3 de mayo, el Congreso de la República anunció en su página web que la Comisión de Descentralización debatiría el predictamen que propone declarar de interés público la creación de Autoridad Nacional para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública (Proyecto de Ley N° 5252/2015-CR), se trataría de una nueva propuesta.

Esta recoge el trabajo previo realizado por la Defensoría del Pueblo en coordinación con diversas instituciones públicas y de la sociedad civil. Esta iniciativa es muy importante, pues presionaría al Ejecutivo para que asuma su responsabilidad de aprobar este organismo, demanda no sólo de sociedad civil, sino de diversas entidades del Estado. En esta propuesta un aspecto novedoso es el enfoque intercultural que se propone.

De otro lado, luego de la presentación y discusión en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) del proyecto de ley consensuado con sociedad civil, esta aprobó un nuevo proyecto de ley para la creación de un ente rector en transparencia y acceso a la información el pasado 10 de mayo. A partir de un acuerdo tomado en su sesión del 29 de octubre de 2015, donde se convocaron diversas reuniones técnicas de trabajo entre distintos sectores. Esta fórmula legal ha modificado la versión entre sociedad civil, la propuesta inicial de la Defensoría del Pueblo y de la PCM, discutida dentro de la Comisión de Gobierno Abierto. Corresponde ahora que prosiga el circuito administrativo respectivo hasta su presentación formal al Congreso de la República.

Sin duda estas noticias son muy alentadoras para sociedad civil y para aquellas entidades que vienen buscando que haya una rectoría en transparencia, que permita ayudar a reducir los conflictos sociales y promover la lucha anticorrupción. 

Desde DAR creemos importante que los funcionarios públicos puedan dejar atrás la corriente de secretismo de la información y poder con ello seguir fortaleciendo el respeto por el derecho fundamental de acceso a la información. Con más información propiciamos mayor cercanía, confianza y legitimidad a la gestión del Estado, por parte de los ciudadanos.